31/07/2013
Las "recomendaciones" urgentes del Consejo europeo a España
La alegría que estos días he sentido por estrenar mi nueva web ha ido a menos desde que ayer, 30 de julio, se publicó la Recomendación del Consejo europeo sobre el Programa Nacional de Reformas de 2013 de España.
Pese a que me hubiera gustado que mi primera entrada de blog tuviese por objeto algún asunto que promoviese el reconocimiento de derechos laborales, la transcendencia que la Unión Europea está teniendo en el proceso de reformas que se están llevando a cabo por el Gobierno español en el mercado de trabajo me han decidido a hacer una breve síntesis sobre estas últimas recomendaciones del Consejo, a las que más bien se deberían calificar de exigencias por el tipo de discurso utilizado y por la urgencia con la que se pide que se lleven a cabo.
Pese a que me hubiera gustado que mi primera entrada de blog tuviese por objeto algún asunto que promoviese el reconocimiento de derechos laborales, la transcendencia que la Unión Europea está teniendo en el proceso de reformas que se están llevando a cabo por el Gobierno español en el mercado de trabajo me han decidido a hacer una breve síntesis sobre estas últimas recomendaciones del Consejo, a las que más bien se deberían calificar de exigencias por el tipo de discurso utilizado y por la urgencia con la que se pide que se lleven a cabo.
Por lo que hace a la Seguridad Social, el documento del Consejo europeo sigue enmarcando la necesidad de su reforma en el marco de un discurso economicista de carácter catastrófico. En este sentido, el Consejo europeo mantiene que existen incertidumbres en cuanto a la situación económica, del mercado de trabajo y financiera, así como a la evolución de los ingresos en un contexto de amplios y persistentes desequilibrios macroeconómicos, razón por la cual, recomienda como medicina "culminar al final de 2013 a más tardar la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones, incluso aumentando la edad efectiva de jubilación mediante el ajuste de la edad de jubilación o las pensiones de jubilación a los cambios en la esperanza de vida".
Por descontado, en esta decisión política, revestida como directriz técnica para encauzar los desequilibrios económicos en España, no se hace ninguna mención a los mandatos constitucionales sobre el objetivo de que el régimen público de Seguridad Social garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, ni sobre la necesidad de que dicha cobertura a través de unas pensiones adecuadas garantice la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
En relación al mercado de trabajo, el Consejo Europeo sigue incidiendo en el discurso que ya es todo un clásico sobre que "las rigideces de los mercados de bienes y de trabajo contribuyen a un elevado y creciente nivel de desempleo, y, de modo más general, dificultan el ajuste de la economía". El documento no concreta el tipo de rigideces a las que se hace referencia a no ser para recordar que, junto al desajuste de la capacitación profesional, han "contribuido al aumento del desempleo al 27 % a principios de 2013".
Las soluciones que a modo de recomendaciones aporta el Consejo, que en todo caso se deberían realizar "rápidamente", pasan por la reforma del marco de políticas activas para el mercado de trabajo.
Así, se recomienda a España "adoptar el Plan Nacional de Empleo de 2013 a más tardar en julio de 2013, y realizar una reforma de las políticas activas del mercado de trabajo, orientadas a la consecución de resultados, por ejemplo fortaleciendo la focalización y la eficiencia de las orientaciones. Reforzar y modernizar los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación. Reforzar la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa cualificación. Poner totalmente en funcionamiento el portal único de empleo y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de colocación para garantizar una aplicación efectiva ya en 2013".
Tras este "fortalecimiento" y "modernización" de los servicios públicos de empleo, así como de "reforzamiento" de la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa cualificación, late el apoyo a una presencia mayor de las agencias privadas de colocación, o mejor dicho a tenor de lo buscado por el Gobierno español, a la intervención decisiva en los procesos de intermediación laboral de las Empresas de Trabajo Temporal.
El Consejo Europeo realiza dos recomendaciones más sobre los sistemas de educación y formación y en materia de exclusión social.
Respecto del primer ámbito, se recomienda a España "proseguir la labor encaminada a reforzar que la educación y la formación sea adecuada a las necesidades del mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando la aplicación de la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto e introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos al final de 2013 a más tardar".
La cuestión de los sistemas de educación y formación asoma como un elemento trascendental en la dotación de nivel de competencias a la población trabajadora, si bien hay que recordar que el principio de aprendizaje permanente impulsado por las instituciones europeas no debería basarse únicamente en la adecuación de los sistemas formativos a "las necesidades del mercado de trabajo", o dicho de otra forma, a los requerimientos productivos que emerjan a cada momento, sino que también la formación debe atender a las necesidades de "desarrollo personal", así como de elevación del nivel cultural que cada ciudadano desee.
Finalmente, el Consejo europeo aconseja a España "Adoptar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza y/o exclusión social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado de trabajo, y mejorando el objetivo, la eficiencia y la eficacia de las medidas de apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias"
Habrá que evaluar cómo se lleva a cabo ese objetivo de reducción de la pobreza y exclusión social a través de las políticas activas dirigidas a trabajadores vulnerables, cuando se están adoptando preferencias por la intervención de agencias privadas y empresas de trabajo temporal, como se ha dicho anteriormente.
Por descontado, en esta decisión política, revestida como directriz técnica para encauzar los desequilibrios económicos en España, no se hace ninguna mención a los mandatos constitucionales sobre el objetivo de que el régimen público de Seguridad Social garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, ni sobre la necesidad de que dicha cobertura a través de unas pensiones adecuadas garantice la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
En relación al mercado de trabajo, el Consejo Europeo sigue incidiendo en el discurso que ya es todo un clásico sobre que "las rigideces de los mercados de bienes y de trabajo contribuyen a un elevado y creciente nivel de desempleo, y, de modo más general, dificultan el ajuste de la economía". El documento no concreta el tipo de rigideces a las que se hace referencia a no ser para recordar que, junto al desajuste de la capacitación profesional, han "contribuido al aumento del desempleo al 27 % a principios de 2013".
Las soluciones que a modo de recomendaciones aporta el Consejo, que en todo caso se deberían realizar "rápidamente", pasan por la reforma del marco de políticas activas para el mercado de trabajo.
Así, se recomienda a España "adoptar el Plan Nacional de Empleo de 2013 a más tardar en julio de 2013, y realizar una reforma de las políticas activas del mercado de trabajo, orientadas a la consecución de resultados, por ejemplo fortaleciendo la focalización y la eficiencia de las orientaciones. Reforzar y modernizar los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación. Reforzar la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa cualificación. Poner totalmente en funcionamiento el portal único de empleo y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de colocación para garantizar una aplicación efectiva ya en 2013".
Tras este "fortalecimiento" y "modernización" de los servicios públicos de empleo, así como de "reforzamiento" de la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa cualificación, late el apoyo a una presencia mayor de las agencias privadas de colocación, o mejor dicho a tenor de lo buscado por el Gobierno español, a la intervención decisiva en los procesos de intermediación laboral de las Empresas de Trabajo Temporal.
El Consejo Europeo realiza dos recomendaciones más sobre los sistemas de educación y formación y en materia de exclusión social.
Respecto del primer ámbito, se recomienda a España "proseguir la labor encaminada a reforzar que la educación y la formación sea adecuada a las necesidades del mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando la aplicación de la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto e introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos al final de 2013 a más tardar".
La cuestión de los sistemas de educación y formación asoma como un elemento trascendental en la dotación de nivel de competencias a la población trabajadora, si bien hay que recordar que el principio de aprendizaje permanente impulsado por las instituciones europeas no debería basarse únicamente en la adecuación de los sistemas formativos a "las necesidades del mercado de trabajo", o dicho de otra forma, a los requerimientos productivos que emerjan a cada momento, sino que también la formación debe atender a las necesidades de "desarrollo personal", así como de elevación del nivel cultural que cada ciudadano desee.
Finalmente, el Consejo europeo aconseja a España "Adoptar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza y/o exclusión social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado de trabajo, y mejorando el objetivo, la eficiencia y la eficacia de las medidas de apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias"
Habrá que evaluar cómo se lleva a cabo ese objetivo de reducción de la pobreza y exclusión social a través de las políticas activas dirigidas a trabajadores vulnerables, cuando se están adoptando preferencias por la intervención de agencias privadas y empresas de trabajo temporal, como se ha dicho anteriormente.
