Normativa-Sentencias entre Septiembre-Octubre

 

 

Marco de las políticas de empleo hasta 2016: 1. Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y cumplir lo previsto por la Garantía Juvenil; 2. Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo (desempleados de larga duración, mayores de 55 años y beneficiarios del PREPARA); 3. Mejorar la calidad de la Formación Profesional para el Empleo; 4. Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo; 5. Impulsar el emprendimiento

 

 

 

 

Convalidación del R.D.Ley 8/2014 sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 
En todo caso, se establece una bonificación mensual para empresas en su cotización de 300 € mensuales durante 6 meses, manteniendo al trabajador SNGJ -contratado de forma indefinida- por aquél tiempo.  No se entiende incumplida esta obligación en caso de extinción por causas objetivas o disciplinarias que no sean declarados improcedentes.

 

 
 
 
Sentencia del TC 140/2011, de 11 de septiembre de 2014 en recurso de amparo por vulneración de los arts. 16.1, 28.2 y 24 CE.
 

Profesora de religión a la que no se vuelve a contratar por falta de idoneidad según Obispado. Según la recurrente, ello era debido a haber participado en huelga, haber presentado demanda en reconocimiento de fijeza de contrato y haberse casado con un ciudadano divorciado.
 

 
El TC desestima el recurso de amparo.
 
Por una parte, no encuentra existencia de relación de causalidad entre el ejercicio de determinados derechos fundamentales (huelga e indemnidad) y la no renovación de contrato temporal: falta de "conexión temporal" entre ejercicio derechos y decisión empresarial. También por el criterio comparativo con otros trabajadores que hicieron lo mismo.

Respecto al matrimonio con ciudadano divorciado, según el TC, no se aportan "indicios" de vulneración: no se acredita fecha de boda, ni si el previo matrimonio  de la pareja le permitía otra boda, ni conexión temporal ni conocimiento de ello por el diocesano.

La normativa alemana recurrida exige a los licitadores de un contrato público que garanticen que sus subcontratistas paguen el salario mínimo del Land al que pertenece la entidad adjudicadora, aun cuando el subcontratista afectado se encuentre en otro Estado miembro y todas las prestaciones relativas a la ejecucion del contrato se realicen en ese otro Estado miembro.
 
El art. 56 TFUE se opone a la aplicación de dicha normativa, entre otros factores, por desproporcionada y porqué de aplicarse, ello privaría a los subcontratistas establecidos en otros Estados miembros de obtener una ventaja competitiva de las diferencias existentes entre las cuantías de los salarios respectivos, que va más allá de lo necesario para garantizar que se consiga el objetivo de la protección de los trabajadores.
 

En virtud de una normativa del Ministerio de Justicia italiano, dicha Administración pública para la que trabaja la empleada Mascellani a tiempo parcial, decide unilateralmente convertir su régimen laboral a tiempo completo.
 
Para el TJUE, el Acuerdo sobre el trabajo a tiempo parcial, en particular su cláusula 5.2, no se opone a una normativa en virtud de la cual el empleador pueda disponer la transformación de un contrato laboral a tiempo parcial en contrato a tiempo completo sin el acuerdo del trabajador.
 
Según el TJUE no es lo mismo la conversión de un contrato a tiempo parcial en otro a tiempo completo que viceversa,. El Acuerdo también potencia que se tengan en cuenta las necesidades de empresarios y trabajadores y además la cláusula 5.2 (que prohíbe represalias frente al trabajador por no aceptar propuestas de cambio por el empresario) no afecta al conflicto planteado.
 

El TS desestima el recurso de suplicación de la empresa.
 
Para el TS, en la tramitación del Expediente la empresa ha vulnerado el derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva ya que durante el período de consultas del ERTE se dirigió individualmente a los trabajadores para informarles de que si no se adherían al convenio extraestatutario firmado sufrirían el ERTE.
 
Para el TS, en el ERTE se ha vulnerado la garantía de indemnidad por cuanto dicho ERTE se llevo a cabo tras conocer la empresa que el sindicato mayoritario (no firmante del pacto extraestatutario) había demandado contra éste.

El TS rectifica doctrina judicial previa.
 
El número de horas propias del crédito para Delegados sindicales se tomará, a partir de lo que dice el art. 68 LET, en función del número  de trabajadores de la empresa (de la suma de todos los trabajadores de todos los centros de trabajo).
 
-El sindicato "tiene derecho a organizar su Sección Sindical y sus Delegados Sindicales conjuntamente para toda la empresa".
 
-"Si se ha optado a nivel de empresa, la aplicación de la escala del art. 68 ET para determinar el número de horas sindicales a que tendrá  derecho cada Delegado sindical debe hacerse interpretando que el número de trabajadores a que se refiere cada uno de los niveles de esa escala es el de empresa en su conjunto y no el de cada uno de sus centros de trabajo".

Según el TS, la LGSS permite la compatibilidad de pensiones derivadas de distintos regímenes de SS.
 
Son compatibles dos pensiones de IPA en dos regímenes distintos de SS, cuando ha existido sucesión en actividades laborales que dieron lugar al alta en dos regímenes diferentes de la SS cuando el beneficiario reúne los requisitos legales exigidos en cada uno de ellos y con independencia de que se tengan en cuenta para la agravación en una de ellas las dolencias ya valoradas en la IPA previamente declarada en el otro Régimen.
 

El TS ratifica que el cómputo del número de trabajadores afectados por el despido, a fin de determinar si supera o no el umbral que para el despido colectivo establece el artículo 51.1 ET, ha de realizarse hacia atrás, es decir, que se tienen en cuenta los despidos efectuados en los 90 días anteriores al despido del trabajador demandante, por lo que no se computan los despidos de fecha posterior al del citado trabajador, siendo el dies ad quem para efectuar el cálculo el día del despido del actor.
 

Según el TS (que cambia de doctrina):

El Factor corrector de la Tabla IV (incapacidad para la ocupación habitual) del Baremo incluido en el RDL 8/2014, atiende exclusivamente al daño moral que supone la propia situación de IP (y no al lucro cesante); la indemnización que en tal apartado se fija ha de destinarse íntegramente a reparar el daño moral que comporta el déficit para la actividad habitual (profesión remunerada, estudios, deportes...).

Esta indemnización ha de sumarse a las que es propia de las secuelas consideradas y añadirse a la partida por "daños morales complementarios".