10/07/2018

Verano 2018: Datos y políticas de inmigración

Verano 2018: Datos y políticas de inmigración

Desde el inicio de esta estación veraniega, hace varias semanas, se han publicado datos y se han lanzado iniciativas políticas en materia de inmigración que vale la pena detenerse a comentar.

1. Datos

La OCDE publicó este pasado mes de junio su informe anual (en inglés) International Migration Outlook 2018. En todo caso, también puede consultarse su resumen en español.

Respecto de España, el informe de la OCDE destaca que en el 2016 se detectó un aumento de la inmigración hacia España como no se apreciaba desde 2009, en total unos 354.000, la mayor parte de ellos marroquíes (30.000),seguidos de rumanos (29.000),siguiéndoles los colombianos y venezolanos que llegaron a una migración neta cada uno de ellos de 16.000 personas. A partir de los datos ofrecidos por el Observatorio Permanente  de la Inmigración del Gobierno español, la OCDE constataba el aumento de autorizaciones de residencia de carácter inicial, constatándose que la mayor parte de ese incremento se debía a permisos por reagrupación familiar, que representan más del 50% del total. De hecho, el Informe señala que este perfil se corresponde con el detectado en los países de la OCDE, donde la migración familiar se mantuvo como el canal más importante de migración (casi el 40% de las migraciones legales permanentes).

Si buscamos un mayor detalle de esas cifras, ciñéndolas específicamente a los extranjeros del régimen general, es decir, extranjeros no nacionales de un país miembro de la UE, que durante el año 2016 obtuvieron una autorización inicial de residencia, el Observatorio Permanente de la Inmigración las situó en 55.444, lo que suponía un incremento respecto al año anterior del 16,9%, esto supone 8.025 autorizaciones iniciales más.


De esas autorizaciones iniciales, el 57,2% correspondían a autorizaciones de residencia en el ámbito de la reagrupación familiar, el 24,7% a autorizaciones de trabajo y el 18,1% al supuesto de residencia no lucrativa. Entre las autorizaciones de tipo inicial concedidas en 2016 destacan, por ser las de mayor frecuencia, las correspondientes a marroquíes (13.585),chinos (4.913),pakistaníes (3.360) y rusos (2.885),que, de forma conjunta, representan el 44,6% del total. De hecho, entre las autorizaciones de residencia de tipo inicial concedidas al colectivo pakistaní, marroquí y chino destaca el supuesto de reagrupación familiar con valores del 97,3%, 76,0% y 66,4% respectivamente. En el caso de los nacionales de Rusia, destaca el supuesto de residencia no lucrativa, alcanzando el 48,6% en este supuesto.

Para el año 2018, cabe resaltar las estadísticas que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística sobre la población residente en España: así, a 1 de enero de 2018 en España, de una población de 46.659.302 personas, hay 4.572.055 extranjeros (se ha de recordar que, en el 2015, habían 5.072.680).

De los residentes extranjeros, los siete primeros puestos están ocupados por la nacionalidad marroquí (682.515),la rumana (675.086),la británica (285.698),la italiana (221.781),la china (183.387),la colombiana (160.111),y la ecuatoriana (140.032). En todo caso, cabe destacar que los mayores aumentos se produjeron en nacionales de Venezuela, que aumentaron un 44,2%, alcanzando las 91.228 personas; los colombianos un 15.7%; los italianos (un 8.8%) y los marroquíes (un 3.5%).

De interés resulta constatar que el saldo migratorio de extranjeros, es decir, los que salen respecto de los que entran, es positivo por tercer año consecutivo, es decir, entraron en España 454.424 extranjeros, y se fueron 280.193, es decir, el saldo migratorio de los extranjeros aumento un 51,9 %. Los mayores saldos se detectaron entre los venezolanos (28.395) y los colombianos (26.331),con lo cual continuaría la línea ascendente de saldo migratorio neto que ya nos informó la OCDE para el 2016 respecto de los extranjeros provenientes de Venezuela y Colombia.

Respecto de estas últimas nacionalidades, cabe señalar que merecen una atención especial respecto de las solicitudes de protección internacional. Así, en el año 2016 se realizaron en España 16.544 (un aumento del 11.13% respecto del año anterior 2015, que con 14.887, se había aumentado un 150,12%, las producidas en 2014, sólo 5.952).

De esos 16.544, 6.017 pertenecen al continente americano, resultando que las realizadas por venezolanos eran de 4.196, los colombianos 65, los salvadoreños 444 y los hondureños 399. De hecho, nacionales provenientes de Venezuela eran los primeros en cuanto a las nacionalidades en pedir protección internacional, seguidos de los sirios: 3.069; ucranianos: 2.764; argelinos: 761, y como se ha visto ya, colombianos 656.

2. Políticas

También con el inicio del verano de 2018, el tema de la inmigración ha emergido como una cuestión de interés nacional y, sobre todo, europeo. La presión migratoria en el Mediterráneo Central (aunque todos los datos confirman el descenso de migrantes que pretenden llegar a Europa),y también el del Mediterráneo Occidental, este sí con un aumento muy importante aunque sin llegar a las cuotas de años anteriores, unido a una ebullición de las ideas políticas de repliegue nacionalista y cerrazón ante la inmigración, llevaron a que el flamante  Presidente del Gobierno español, Sánchez, compareciera ante el Congreso de los Diputados, en vista a preparar el Consejo Europeo que iba a celebrarse el 28 y 29 de junio.

2.1 Iniciativas políticas en España.

1. En su Comparecencia ante el Pleno de la Cámara (puede leerse en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 132, de 27 de junio de 2018),las principales ideas desgranadas por el Presidente del Gobierno que deseo poner de manifiesto (con alguna crística con ánimo constructivo por mi parte) son:

a) En su comparecencia, el Presidente advierte que en política migratoria no hay atajos desde la actuación unilateral del Estado para afrontar un fenómeno que excede su capacidad, y también falta de empatía para afrontarlo; a su juicio, esa empatía es básica para “entender que los desafíos migratorios no afectan en exclusiva al país de entrada en un determinado momento…, sino para asumir como propias las consecuencias de un fenómeno capaz de despertar viejos fantasmas que se creían olvidados en nuestras sociedades”. Entiendo del discurso que el Presidente asume que la inmigración no es asunto que un solo país pueda gestionar, cosa con la que estoy de acuerdo; también que las consecuencias del desafío al que se enfrenta Europa en cualquiera de sus fronteras también nos afecta, cosa constatada sobradamente; como que se trata de un problema que hace emerger miserias que anidan en Europa y que tan trágicas han sido, empezando para ella misma.

La ejemplificación de la empatía la hace el Presidente respecto de la cuestión demográfica: así expresa que “en un horizonte demográfico relativamente cercano, las proyecciones efectuadas por organismos internacionales revelan que la población del continente africano crecerá hasta los cerca de 2400 millones de seres humanos en 2050. Por el contrario, la población nacida en el continente europeo disminuirá levemente o se estancará en torno a los 700 millones de habitantes también para ese año”. Esta descompensación continental, ya tendría su ejemplo en lo que está pasando respecto a la población senegalesa que pretende llegar a España: el Presidente del Gobierno añade en su comparecencia que “más del 50 % de la población senegalesa —por poner el caso de un país que sufre esa presión migratoria y viene no solo a las costas canarias, sino, a través de Marruecos, a las del sur de España— son personas que tienen menos de veinticinco años. ¡Esa es una realidad demográfica a la que no solo en el corto plazo, sino también en el medio tenemos que dar solución desde el conjunto de la Unión Europea!”.

El Presidente hace de la empatía una clave para abordar las migraciones, particularmente por el desequilibrio migratorio que se constata en el ámbito mundial. Debería ser normal que España tuviese empatía estando al lado del continente africano, por esa razón la labor pedagógica sobre una mayor empatía debería ser realizada con los países del centro y norte de Europa que son los que están conduciendo las políticas fundamentales de la Unión. Por otra parte, el asunto demográfico es clave, pero también lo es la degradación ambiental en países emisores de emigración, la pobreza y desde luego, la falta de empleo y la imposibilidad de dar cobertura a sus jóvenes en el mercado de trabajo. ¿Que es lo que debe hacerse sobre esta cuestión?

b) La respuesta a la anterior pregunta podría encontrarse en la afirmación del Presidente del Gobierno es la de que la inmigración irregular requiere de un tratamiento distinto del de los refugiados. Así, mientras para estos apuesta por el reasentamiento hacia España producto de los compromisos adquiridos, respecto de la  primera cuestión, parecería que el Presidente aboga en primer lugar por reforzar la financiación de la dimensión exterior de la política migratoria en el marco financiero plurianual y saluda, en consecuencia, el interés de este marco por la gestión de las fronteras, y en segundo término por el diálogo, como instrumento fundamental “para conseguir el acuerdo y la colaboración en las políticas de retorno y parte de la necesidad de potenciar la cooperación financiera sostenida en el largo plazo con los países emisores, pero también —y esto es lo que me gustaría subrayar— de la cooperación en el corto plazo con medidas de capacitación para el control de las fronteras y la lucha sin cuartel contra el negocio de las mafias y las organizaciones de tráfico de seres humanos”.

Estas soluciones pueden ser necesarias, pero insuficientes. El control de fronteras no evitará la inmigración irregular a no ser que se tomen medidas valientes para favorecer migraciones legales amparadas en motivos económicos o laborales. De hecho, sigo notando en el discurso del Presidente la falta de referencia a las migraciones por empleo o económicas. Muchos Estados de la Unión, incluido el nuestro, ha aposta por la inmigración cualificada o por interés económico, olvidándose de la inmigración por motivos laborales poco cualificada, que conforma la mayor parte de los migrantes que llevan a cabo migraciones irregulares por tener cerradas las vías legales de acceso a la Unión. Esa migración en concreto debería ser objeto, también, de tratamiento específico por nuestras políticas.

2. En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, tras la comparecencia del Presidente del Gobierno, se aprobó con modificaciones la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Política Europea de Control Migratorio en el Mediterráneo Central.


En primer lugar, incluyo el comentario de la Proposición, y posteriormente realizaré un comentario sobre ésta, sobre todo comparándola con una visión, ciertamente opuesta, que deriva del Consejo Europeo de finales de junio.

Los pilares fundamentales de esta proposición dirigida por el Congreso al Gobierno, se le insta a:

“1. Cambiar con urgencia unas políticas a nivel de la UE que no han generado la resolución del problema de fondo por políticas de choque que permitan una mejor gestión, por parte de todos los países miembros de la crisis del Mediterráneo, y que eso no pase por la externalización a terceros países de la mayor carga del problema que afecta y seguirá afectando a miles y miles de personas que no pueden ser acogidas con garantías.

2. Promover, en el seno de las instituciones de la UE, la necesidad de poner en marcha iniciativas que aseguren el cumplimiento con el derecho internacional y europeo en materia de asilo y refugio, siempre en la línea con el más escrupuloso respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de los solicitantes de asilo y refugio.

3. La realización por parte de la UE de una respuesta adecuada, duradera, firme y eficaz para evitar el aumento del número de víctimas en el Mediterráneo Central. Y por ello, en el contexto de falta de rutas legales y seguras, se lleve a cabo el reforzamiento de las capacidades de búsqueda y salvamento de la UE y de los Estados Miembros, en el marco de una operación humanitaria a escala de toda la Unión Europea.

4. El reconocimiento de la labor de las ONG que, a pesar de las dificultades y peligros a que se enfrentan, mejoran la seguridad marítima con las labores de salvamento y rescate que llevan a cabo en el Mediterráneo Central, así como el reconocimiento de la labor realizada mediante la operación Sophia. En especial, destacar el reconocimiento a la labor de los bomberos de PROEMAID, y los activistas de PROACTIVA OPEN ARMS y Helena Maleno procesados en Grecia, Italia y Marruecos por su dedicación a salvamento de vidas de personas migrantes en el Mediterráneo, realizando todas las acciones y poniendo a su disposición los medios diplomáticos y consulares que requiera su defensa.

5. El efectivo respeto de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional y de los compromisos en materia de desarrollo del Tratado de la Unión Europea, en los acuerdos de cooperación de la UE con terceros países en materia de migración y asilo. Dicha cooperación ha de conllevar a la realización de una evaluación sobre la seguridad del país, sus sistemas de asilo, su apoyo a los refugiados y su capacidad y voluntad de luchar contra la trata de seres humanos y tráfico ilícito de personas.

6. El establecimiento de garantías y controles, reales y efectivos, del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional de asilo y refugio en todos los acuerdos ya firmados y que se firmen con Libia en relación con la cooperación en materia de seguridad y control de fronteras; constituyendo su cumplimiento una condición ‘‘sine qua non’’ del mantenimiento de los mismos.

7. Contribuir activamente al desarrollo y establecimiento de instituciones democráticas en Libia, que incluya a los actores de la sociedad civil y que pongan en funcionamiento mecanismos eficaces de protección de los derechos humanos, en especial para las personas refugiadas y migrantes vulnerables.

 8. Que los Estados Miembros de la UE eviten el retorno de migrantes a Libia en cuanto no haya una garantía de derechos humanos.

9. El establecimiento de visado europeo humanitario y la creación de vías legales y seguras.

10. Impulsar en el seno de las instituciones de la UE la necesidad de acometer una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo que garantice una respuesta común, solidaria, equilibrada y vinculante a nivel europeo ante las situaciones de incremento de solicitudes de asilo y refugio en los Estados Miembros que son frontera exterior de la UE.

11. Reabrir, de cara al Consejo Europeo del 28 y 29 de junio de 2018, el debate sobre la necesidad de acometer una reforma urgente del Sistema Europeo Común de Asilo que garantice una respuesta común, solidaria, equilibrada y vinculante a nivel europeo ante las situaciones de incremento de solicitudes de asilo y refugio en los Estados Miembros que son frontera exterior de la Unión Europea.

12. Incidir en la necesidad de acordar una solución común europea para fomentar la integración y la acogida de las personas que cumplen con los requisitos para obtener el estatus de refugiado en los Estados Miembros, evitan así el posible desarraigo y fomentando la cohesión social.”

De interés resultan varias de estas propuestas, básicamente la apelación general a cambiar de políticas en el ámbito de la UE que permitan una mejor gestión de las migraciones, propuesta ciertamente general, aunque se concreta también en la no externalización en terceros países del control migratorio, así como la repetida llamada al respeto a los Derechos humanos y a la legalidad internacional en el trato a los migrantes. También es de interés (sobre todo por la disonancia que emerge con lo aprobado en el Consejo de la Unión Europea que se hablará posteriormente),en el reconocimiento a la labor de las ONGs.

Echo a faltar alguna consideración a la Declaración de Nueva York de 2016 sobre migrantes, documento transcendental para la gestión de las migraciones en el futuro, que además lanza principios de interés para la consecución de un Pacto global sobre migraciones a alcanzar en los próximos meses. La apuesta por considerar como migraciones únicamente las realizadas legalmente, pero naturalmente dotando de instrumentos que permitan abrir esos canales, debe ser una clave que también ha de considerar la UE como cada uno de sus Estados.

3. Conclusiones tas la reunión del Consejo Europeo (28 de junio de 2018).

El Consejo Europeo no estuvo a la altura del interés que suscitó, lo cual visto los resultados por quienes no estamos conformes con la orientación dada a las migraciones, no deja de tener un halo positivo. Esa falta de altura viene dada sobre todo por la generalidad de muchas de sus apreciaciones, lo que sirve para disponer en el futuro de mayores oportunidades para concretarlas, aunque lo cierto es también que la UE sigue bunquerizándose política y espiritualmente, en el tratamiento de las migraciones.

La primera conclusión lo dice todo: “El Consejo Europeo reitera que un requisito imprescindible para que la política de la UE funcione correctamente se sustenta en un planteamiento general sobre la migración que combine un control más efectivo de las fronteras exteriores de la UE, una mayor acción exterior, así como los aspectos internos, en consonancia con nuestros principios y valores”.

Lo prioritario es así el control de fronteras. Sólo tras ello, hay margen para la dimensión exterior de la política migratoria y los “aspectos internos. Para el Consejo Europea la primera política ante la inmigración irregular (a veces se sigue hablando de ilegal),es el control efectivo de fronteras, en particular en el Mediterráneo. En lo que nos toca a nosotros, el Occidental, el Consejo Europeo recuerda que “Todos los buques que operan en el Mediterráneo deben respetar la legislación aplicable y no obstaculizar las operaciones de la guardia costera de Libia”. Tirón de orejas a los buques de ONGs, que nada tiene que ver, como se ha dicho anteriormente, con la proposición no de ley aprobada por el Congreso español. En todo caso, como dice el Pr. Eduardo Rojo en su blog al comentar estas Conclusiones, en dicha legislación también debería incluirse la respetuosa con los Derechos humanos.

Además, respecto del Mediterráneo occidental, que es el caso de los flujos hacia España, se dice que: “En vista del reciente aumento de los flujos en el Mediterráneo occidental, la UE apoyará, con medios financieros y de otra índole, todas las iniciativas que emprendan los Estados miembros, especialmente España, y los países de origen y tránsito, en particular Marruecos, para impedir la migración ilegal”.

Los resultados de estas decisiones políticas de evitar las migraciones irregulares en el Mediterráneo derivadas del Consejo Europeo no se han hecho esperar.


Por un lado, respecto de España, el 2 de Julio, la Comisión aprueba un Programa de financiación específico: le aporta 25,6 millones EUR destinados a mejorar la capacidad de acogida en su costa meridional y en Ceuta y Melilla, así como a aumentar el número de retornos. La distribución de ese presupuesto es de 24,8 millones EUR al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a la Cruz Roja española en favor de un proyecto encaminado a proporcionar asistencia sanitaria, alimentación y cobijo a los migrantes que llegan a la costa meridional de España y a Ceuta y Melilla; otros 720 000 EUR se han concedido al Ministerio del Interior para contribuir a mejorar la calidad de las instalaciones de retorno y las infraestructuras para los traslados relacionados con retornos; y finalmente, a la financiación de emergencia concedida a España se añade a los 692 millones EUR que se le han concedido para la gestión de la migración, las fronteras y la seguridad en el marco de programas nacionales para el período 2014-2020.

Por otro lado, el 6 de julio, la Comisión europea ha aprobado tres nuevos programas del Fondo Fiduciario de la UE para África que se amplia a 90.5 millones de Euros. Conforme al primero de ellos, ejecutado por Italia, se concretan en uno sobre gestión de fronteras en la región del Magreb por un importe de 55 millones de euros, conforme al cual la UE apoyará los esfuerzos de las instituciones nacionales de Marruecos y Túnez para reducir la pérdida de vidas en el mar, mejorar la gestión de las fronteras marítimas y luchar contra los traficantes que operan en la región. El segundo, ejecutado por OIM y ACNUR,  basa su objeto en el refuerzo a la protección de los refugiados y los migrantes en Libia en los puntos de desembarco, los centros de internamientos, las zonas desérticas remotas del sur y las ciudades. Finalmente, con un importe adicional de 6,5 millones de euros a gestionar por organizaciones de la sociedad civil marroquí, la UE se compromete a reforzar su ayuda a los migrantes vulnerables, en apoyo de la Estrategia Nacional de 2014 de Marruecos en materia de migración. Facilitará el acceso a los servicios básicos para los migrantes vulnerables y mejorará las capacidades de las organizaciones y asociaciones locales para prestar eficazmente dichos servicios.

Siguiendo con la cuestión de los migrantes en situación irregular que se lanzan al mar, las Conclusiones contienen un párrafo inextricable que conviene leer frase por frase. Dice así: “En el territorio de la UE, de conformidad con el Derecho internacional, es preciso hacerse cargo de las personas a las que se rescata, partiendo de un esfuerzo compartido, trasladándolas a centros controlados establecidos en Estados miembros, solo de manera voluntaria, en los que una tramitación rápida y segura permitiría, con el pleno apoyo de la UE, hacer una distinción entre los migrantes irregulares, a los que se retornará, y las personas necesitadas de protección internacional, a las que se aplicará el principio de solidaridad. Todas las medidas en el contexto de dichos centros controlados, también la reubicación y el reasentamiento, se aplicarán de manera voluntaria, sin perjuicio de la reforma de Dublín”.

Así, se habla de que en la UE es preciso hacerse cargo de las personas rescatadas a través de un esfuerzo compartido, trasladándolas a centros controlados por los Estados, de manera voluntaria. Lo que se afirma en primer lugar es que, en el territorio de la UE, debe hacerse cargo de las personas rescatadas. Para ello es necesario un esfuerzo compartido, aunque no se dice que alcance tiene ese esfuerzo más allá del de hacerse cargo de los migrantes. A esas personas se les traslada a centros controlados de los Estados sólo de manera voluntaria (porqué así lo han deseado algunos Estados),donde se gestionará la expulsión de los migrantes irregulares (todos menos los que tengan opción de obtener protección internacional),y estos últimos, los cuales, también podrán ser redistribuidos de forma voluntaria.

Malos tiempos para la solidaridad, si todo parece ser voluntario (excepto el rescate de las personas). Lo que sí parece fortalecerse es la necesidad de retornos efectivos de los migrantes irregulares, donde se prevén más recursos para llevarlos a cabo. Además de ello, y según dice el Consejo, se prevé estudiar el concepto de “Plataformas regionales de desembarque” en estrecha cooperación con países terceros, que servirían para desbaratar definitivamente el modelo de negocio de los traficantes de personas, y evitar así la trágica pérdida de vidas.

La única cuestión que parece abordar algunos aspectos del fondo del problema de las migraciones desde África es la necesidad de una “asociación con África” que se marque como objetivo una transformación socioeconómica sustancial del continente africano fundamentada en los principios y objetivos definidos por los países africanos en su Agenda 2063. Ello supondría, según las Conclusiones, más financiación para el desarrollo sino también de la toma de medidas para crear un nuevo marco que haga posible aumentar sustancialmente la inversión privada tanto de africanos como de europeos. Debe prestarse una especial atención a la educación, la sanidad, las infraestructuras, la innovación, la buena gobernanza y el empoderamiento de la mujer”.

Nada, sin embargo, de los esfuerzos para valorar la aceptación en la Unión de una migración por motivos económicos, en el marco de un contexto demográfico desfavorable para Europa.

 
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